CCAFed - Sala V - Coto Centro Integral de Comercialización SA c/ DNCI s/LEALTAD COMERCIAL - LEY 22802 - ART 22

En éste fallo, la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la multa aplicada por la Dirección Nacional de Comercio Interior a un establecimiento comercial, en virtud de haber comprobado que ciertos productos ofrecidos por éste no se correspondían, en su peso o cantidad, con el rótulo de los mismos, lo cual constituye una infracción a la Ley de Lealtad Comercial, por haberse excedido los márgenes de tolerancia admitidos por la reglamentación.

Para así decidir, la Sala consideró que no resultaban atendibles los argumentos de la empresa sancionada, relativos a que la disminución de pesos o medidas era consecuencia de las características propias de los productos, y un natural proceso de deshidratación que opera luego de su envasado, ya que no acreditó haber tomado todas las medidas a su alcance para evitarlo. Tampoco aceptó como eximente de responsabilidad el reemplazo posterior de los rótulos.

CNCom - Sala D - Intellect Posware Solutions Group c. YPF - Incumplimiento de Contrato

En éste fallo, la Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial revocó el fallo de primera instancia que hizo lugar a la pretensión de la actora, por la que reclamaba el pago de servicios prestados, intereses por mora e indemnización por resolución contractual imputable a la demandada.

Para así decidir, la Sala entendió que ante dos comerciantes que llevan sus libros ajustados a derecho, y sus asientos son contradictorios entre sí debe recurrirse a otros medios de prueba (en el caso, los libros de comercio de la demandada consignaban como pagadas a las facturas reclamadas por la demandante, y los de ésta eran el único elemento aportado como prueba de la deuda pretendida). 

Asimismo señaló que en un contrato entre comerciantes no debe inferirse en forma automática que hay una parte más fuerte o con mayor poder de negociación.

Nike c. De Remate - Cese de uso de marca - daños y perjuicios. 1ra y 2da Instancia

En éste caso, una firma de indumentaria deportiva demandó a una plataforma de comercio electrónico en virtud de la comercialización de productos bajo la marca de aquella que eran réplicas o falsificaciones, lo que importaba una infracción al derecho marcario de la actora.

La demandada señaló que su plataforma sólo era un instrumento publicitario de los usuarios (vendedores), mas no un esquema de corretaje como argumentaba la demandante. Agregó que son esos usuarios (vendedores) quienes realizan las ofertas y publicaciones. Asimismo puso en conocimiento del juez de grado la existencia de un convenio suscrito con la actora para la protección de derechos intelectuales.

El magistrado de primera instancia consideró que la actividad de la demandada era lucrativa, citando el precedente Claps c.Mercadolibre, así como su reticencia en hacer efectivas las cláusulas del convenio de protección de derechos intelectuales, y expulsar de la plataforma a los infractores reincidentes. En virtud de ello, condenó a la demandada a abonar la suma de $ 150.000.

En segunda instancia, la Cámara consideró los recursos de ambas partes.

Analizó que la demandada contrató los servicios de enlace patrocinado de buscadores, utilizando como palabras clave la marca de la demandante. En virtud de ello, señala que había un aprovechamiento de esa marca para derivar clientela hacia su sitio web, lo que era aprovechado por los usuarios de su plataforma.

La Cámara rechazó la pretensión de la actora de retirar todos los productos que figuren bajo su marca en la plataforma de la demandada, por cuanto podrían existir transacciones lícitas. Hizo lugar a la pretensión de que toda publicación sospechada deba ser retirada dentro de las 24 hs. de comunicada por la actora. Ordenó a la demandada dejar de utilizar las marcas de la actora como palabras claves para sus enlaces patrocinados en buscadores, y conservar los datos completos de los usuarios que ofrezcan productos bajo la marca de la actora por un plazo de tres años. Finalmente, amplió el resarcimiento a la suma de $ 200.000.

Se destaca que ni el fallo de primera instancia ni el de Cámara atendieron la pretensión de la actora de calificar la actividad de la demandada como de corretaje, incluso cuando fue materia de agravio respecto de la sentencia de grado.